Desde la Asociación Memorialista Balmaseda 1937 se presentó a la actual corporación una Moción para instar al Pleno del Ayuntamiento de Balmaseda a la retirada de la simbología franquista (quedan unas cuantas placas del instituto de la vivienda con el símbolo de la falange en varios edificios de la villa) y la resignificación de la placa situada en la Ermita del Kolitza.
En la comisión correspondiente todos los partidos que componen el Pleno decidieron cambiar esta moción por una Declaración Institucional. El pasado 15 de mayo se aprobaba por unanimidad esta Declaración, durante el Pleno Ordinario.
Consta de dos puntos:
1.- Resignificación del texto en la placa instalada por las autoridades franquistas en 1948 en la Ermita de Kolitza.
La Guerra Civil Española, lejos de ser una “Guerra de liberación”, fue la reacción violenta y profundamente antidemocrática de los sectores más conservadores del país, contra la República, su legítimo gobierno, y las políticas encaminadas a lograr una sociedad más justa y más moderna. Una catástrofe desatada por un golpe militar, en la que se cometieron todo tipo de atrocidades (violaciones, fusilamientos, bombardeos contra la población civil, etc.), y que dejó más de medio millón de muertos.
En las Encartaciones el episodio más relevante de la guerra fue la “Batalla de Kolitza”. Una contraofensiva que el Gobierno Vasco y la República lanzaron en julio de 37 y que después de tres días de encarnizados combates, se saldó con un rotundo fracaso y la destrucción de la ermita, cuya reconstrucción financiaron varias instituciones franquistas años más tarde.
Tras el triunfo de los sublevados llegó la dictadura de Franco, una posguerra marcada por la miseria y una brutal represión que vulneró todo tipo de derechos y que sirvió para imponer una moral reaccionaria basada en el nacionalcatolicismo. Un ejercicio de totalitarismo que en muchos momentos también contó con la vergonzosa colaboración de las autoridades locales de Balmaseda.
2.- Retirada y Resignificación de las placas del instituto de la vivienda con simbología franquista.
El acceso a una vivienda digna, un derecho que debería ser universal y que por desgracia sigue sin estar garantizado en la mayor parte del mundo, siempre fue un problema en el Estado Español, mucho más tras la devastación causada por la Guerra Civil.
En una primera etapa marcada por la posguerra y la represión, las políticas de vivienda estuvieron condicionadas por una concepción retrograda de la sociedad, de la familia y de la mujer. Y aunque el régimen y en especial la Falange, prometieron un techo a cada español, las viviendas que se construyeron fueron escasas y de muy mala calidad.
La segunda etapa llegó a finales de los 50, cuando el régimen dejó atrás la autarquía y se lanzó la privatización de la vivienda y la especulación inmobiliaria. Políticas, que desencadenaron un boom de la construcción, que supusieron un enorme negocio para bancos y constructoras afines a la dictadura y que dieron origen a barrios tan precarios como San Ignacio (sin accesos, sin servicios, sin zonas verdes, etc.)
Desgraciadamente, gran parte de la “industria del ladrillo” sigue asociada a las élites herederas del franquismo y, a menudo, a un modelo especulativo que hace que la vivienda siga siendo un problema de primer orden. Una realidad a la que deberíamos hacer frente como sociedad.
Dichas acciones se harán efectivas durante el ejercicio 2024.
